La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, desplegó ayer la propuesta trasladada a la Xunta para crear a nivel autonómico el Imposto sobre as Estadías Turísticas, una tasa de entre 1 y 2,5 euros que estaría ligada al tipo de establecimiento elegido y al número de noches pernoctadas y que recaudarían, en primera instancia, los negocios turísticos y las plataformas tecnológicas que comercialicen servicios de alojamiento, que deberán ingresar los ingresos al Concello correspondiente.
La idea es que entren en su órbita todo tipo de establecimientos, incluidos los campings, las áreas para autocaravanas, las viviendas de uso turístico (VUT) e incluso los cruceristas y quienes se alojen en embarcaciones atracadas en puertos deportivos.
Si prospera, la capital podría recaudar 3 millones al año que servirían para, entre otros capítulos, promover acciones de preservación del patrimonio, refuerzo de la limpieza urbana y recogida de basuras, mejora de la señalización, aumento de las frecuencias de los buses e incluso para contratar a más inspectores para perseguir a los dueños de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, que no estarían cobrando la tasa.
La iniciativa –que la Xunta critica por no haberse abordado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística con los gobiernos gallego y central y con los empresarios del sector y tras la que ve "deslealdade institucional"– se ampara en una radiografía que indica que en 2023 la capital gallega recibió a 932.209 turistas según la Encuesta de ocupación hotelera (EOH), una cifra que la estadística experimental del Ine basada en datos obtenidos de los teléfonos móviles acerca a los 1,4 millones. Del cruce de las cifras de la EOH con el número de habitantes, que en 2023 se situaba en 98.687, los expertos señalan que Santiago "atópase entre as primeiras cidades españolas en relación á presión turística que soportan os seus residentes", con una ratio de 9,45 viajeros por habitante, prácticamente el doble que Barcelona (4,99), que el año pasado recibió a más de 8,2 millones de turistas.
El informe, que la regidora presentó con la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, y con los autores, los catedráticos de Dereito Financeiro e Tributario y de Xeografía de la USC, César García Novoa y Rubén Lois, respectivamente, estipula que el tributo sería cedido por la Axencia Tributaria Galega a los concellos que, previamente, deberían solicitar su declaración como ayuntamiento de "gran impacto turístico ou de grande impacto turístico estacional”
por parte de Turismo de Galicia.
El 95% de lo recaudado revertiría en las arcas locales y el resto iría a un fondo autonómico para la promoción del turismo cuyos recursos se repartirían a los concellos declarados tensionados por este fenómeno. Los expertos recuerdan que, anualmente, los presupuestos locales –que este año ascienden a 142,4 millones en la capital gallega– se confeccionan en base al número de residentes. En cambio, el nivel de usuarios de los servicios públicos acaba sendo "moito maior" con la llegada
de los viajeros.
Con unos flujos que han superado los datos prepandémicos y un peso cada vez mayor de los extranjeros, "con estadías maiores" y un mayor nivel de gasto, los expertos constatan que este perfil de turista está "habituado" a este tipo de recargos. Entre otros ejemplos, el estudio señala que, en España, Cataluña fue pionera en 2012 con un gravamen que hoy oscila entre los 60 céntimos y los 6,75 euros, seguida de Baleares en 2016 –que hoy cobra entre 1 y 4 euros–, en tanto que la tasa valenciana fue derogada en noviembre. Son muchos más los ejemplos en el país vecino, donde Lisboa y Oporto facturan entre 2 y 4 euros y entre 2,5 y 3 euros, respectivamente.
Los autores, que recalcan que los 900.000 visitantes del último año duplican los de 2005, advierten del riesgo de que Santiago llegue a parámetros de "sobreturismo o turistificación", lo que abocaría a adoptar "medidas drásticas".
La alcaldesa pide diligencia
"É un clamor e unha medida que quere a inmensa maioría da xente na cidade", manifestó la regidora en una rueda de prensa en la que retó a la Xunta a "non perder o tempo" y tramitar la tasa turística por la vía de urgencia –o incluso introduciéndola en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para el próximo año– con el objetivo de que pueda ser de aplicación ya en 2025.
