Acceder en el rural a servicios públicos exige recorrer 15 kilómetros de media

Dos personas mayores. AEP
En las urbes son 2,5 kilómetros, según Red Localis, que plantea un paquete de medidas para mejorar la salud financiera de los ayuntamientos menos poblados

Las "dificultades" y limitaciones que afrontan los 240 municipios que en Galicia tienen la consideración de zonas de poca población (ZPP) –esto es, cuyo padrón no llega a los 5.000 habitantes o que tienen al menos a la mitad de su población en núcleos rurales– han llevado a los expertos de la Red Localis de la UVigo a proponer un paquete de medidas tendentes a "mejorar su situación económico-financiera".

En una semana en la que se ha reabierto el debate sobre la necesidad de reactivar las fusiones o potenciar otras fórmulas de cooperación a nivel local, el último estudio de la plataforma que codirige el profesor de la UVigo Alberto Vaquero señala que en el origen de estos déficits están "las diferentes capacidades de gasto e ingresos" con respecto a las urbes. En esto pesa el lastre del envejecimiento y la despoblación, que condicionan a la baja desde la recaudación hasta la recepción de transferencias de otras administraciones.

El análisis aporta datos de interés como que, para acceder a un servicio público local, un vecino de un concello rural gallego debe desplazarse "casi 15 kilómetros", una distancia que se reduce a 2,5 en las áreas urbanas. En España, ese diferencial es de 23 frente a 2 kilómetros para el habitante de una ciudad, que por su mayor capacidad recaudatoria prestan con más facilidad las prestaciones. Y no se puede perder de vista que la distancia es sinónimo de una mayor carestía de la provisión de estos servicios como consecuencia de la dispersión poblacional.

Tras analizar los tipos medios aplicados en tributos como el Ibi –la principal fuente de recursos fiscales para las entidades locales–, el impuesto de actividades económicas, el de circulación, el gravamen sobre construcciones y el que se aplica sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana –la plusvalía municipal–, la Red Localis constata que los tipos y coeficientes aplicados en las urbes a los contribuyentes superan los de los ayuntamientos del medio rural.

El estudio de los ingresos también saca a relucir la brecha existente. Los expertos indican que, de media, en España los ingresos por habitante de los enclaves del campo son superiores en 379 euros a los de los municipios urbanos por el mayor peso de las transferencias y los ingresos patrimoniales.

En cambio, en las ciudades las arcas públicas se nutren mucho más de impuestos directos. Así, por ejemplo, la comparativa entre una zona densamente poblada (ZDP) y una ZPP en Galicia arroja 144,2 euros más de media per cápita en tributos directos en favor de las ZDP –lo que deriva en gran medida de la participación de las siete principales ciudades en los tributos del Estado (Iva, IRPF, impuestos especiales)–, 19,8 euros en el caso de los impuestos indirectos y una diferencia de 95,2 euros en tasas y precios públicos.

Como muestras de la menor presión fiscal en el rural, los estudiosos constatan que algunos consistorios prescinden de la aplicación de figuras como el impuesto sobre las construcciones o la plusvalía municipal.

En términos de gasto, tras analizar la estructura presupuestaria entre 2003 y 2021, el informe sitúa en 886,9 euros el desembolso medio por habitante en las zonas poco pobladas, frente a los 867,51 euros de las ZDP, con un esfuerzo notable en el rural sobre todo en los capítulos de personal e inversiones reales.

Las recetas: captar población joven para recaudar más y "reflexionar" sobre el nivel de competencias

Ante este panorama, los expertos de la UVigo llaman a introducir "mayores dosis de racionalidad" en la prestación de servicios públicos en el rural por lo que recomiendan "reflexionar" a respecto de si la Ley de Bases de Régimen Local introduce más competencias a estos ayuntamientos con respecto a las que "pueden soportar por sus propios medios".

De ser así, proponen "suprimir" la obligatoriedad de coberturas que prestan otras entidades, lo que reduciría su dependencia de las transferencias de fondos por parte de otras administraciones.

Incrementar las bases imponibles de los tributos captando más población joven con la generación de empleos en el rural es otra de las recetas. Para lograrlo, Red Localis defiende que lo más eficaz es impulsar estrategias "conjuntas" entre administraciones locales y la Xunta, facilitando incentivos fiscales a nivel autonómico.