Un día después de que la Audiencia Nacional confirmara la existencia, al menos entre 2000 y 2013, de pactos entre industrias lácteas para fijar precios y repartirse explotaciones, Unións Agrarias (UU.AA.) animó ayer a todos los ganaderos que vendieron leche entre esos años a reclamar ante la Justicia indemnizaciones por el daño económico que causó en el sector productor la existencia de ese cártel.
Y no solo a aquellos que entregaban la leche a alguna de las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por demostrarse que participaron en los pactos con prácticas no prescritas (Lactalis Iberia, Pascual, Nestlé, Central Lechera Galicia, Puleva, Capsa o Danone), sino también a los que proveían al resto de industrias.
Tanto esta organización agraria como el Sindicato Labrego Galego (SLG) entienden que la concertación de precios acabó contaminando y beneficiando a toda la industria al eliminar la competencia entre unos y otros operadores con la fijación de importes "artificialmente baixos" para las granjas.
La llamada a exigir compensaciones no solo se lanza a ganaderos en activo que pudieron verse afectados por el cártel, sino también a los que ya se jubilaron e incluso a los herederos de aquellos que ya fallecieron. En 2020, desde cuando hay constancia de las acciones coordinadas entre las empresas, había 53.355 granjas en activo en España, de las cuales 28.231 estaban en Galicia. Por el camino fueron quedando muchas y en 2013 entregaban leche apenas 10.600 en la comunidad.
Unións celebra que las sentencias de la Audiencia Nacional que confirman la existencia del cárcel (y que todavía pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo por las industrias señaladas, lo que dilataría aún más un proceso que se activó en 2011 con una denuncia del sindicato) allanan el camino para exigir compensaciones "cunha seguridade xurídica moi importante".
A día de hoy, UU.AA. lleva la representación judicial de más de 5.000 ganaderos. Estima que suponen en torno al 80% de las demandas que se presentan en Galicia y que podrían derivar en compensaciones por al menos 1.000 millones, a lo que habría que sumar los intereses legales desde el momento en que se produjo el daño.
Cuantía
"Agora sabemos que a industria vai ter que pagar, o que teremos que acreditar ante o xulgado é canto", señaló ayer el secretario general de Unións, Roberto García. La cuantía de la indemnización no será una cantidad uniforme, sino que dependerá de cada caso. Cada ganadero deberá acreditar de forma individual los litros de leche que entregó en los años del cártel, lo que cobró por esa materia prima y lo que se considera, en base a un informe pericial, que sería el precio de mercado en ese momento.
"A experiencia dinos que nunca se fai un cartel para ter beneficios inferiores ao 10%, polo que partimos dunha base xenérica que imos ter que acreditar pericialmente e logo o xulgado dirá canto é", indicó García, añadiendo que los intereses legales podrían "supoñer case tanto como a cuantía principal".
Según los datos difundidos por Unións, el volumen de leche comercializado en Galicia entre 2000 y 2013 ascendió a unos 29 millones de toneladas, por las que se abonaron a las granjas, con los "precios concertados", más de 9.000 millones de euros (a 33 céntimos por litro de media).
Las explotaciones que no hayan dado el paso para reclamar una compensación y quieran hacerlo tienen hasta julio. La organización agraria estima que hay un 70% de granjas que no iniciaron el proceso y que "están a tempo".
