El crecimiento acelerado de las bajas laborales ha prácticamente duplicado el gasto que acarrean para el sistema en los últimos cinco años. El coste de las prestaciones por incapacidad temporal –que engloba las enfermedades comunes y profesionales y los accidentes de trabajo– pasó de 7.485 millones de euros en 2018 a 14.005 millones en 2023 para la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, lo que supone un incremento del 87%. La gran mayoría de procesos y también los que más despuntaron fueron los causados por enfermedad común.
Es el escenario en el que pone el foco un estudio de Fedea firmado por Octavio Granado, el que fuera dos veces secretario de Estado de la Seguridad Social, primero con Rodríguez Zapatero y después con Pedro Sánchez. Advierte que el coste de la incapacidad temporal "crece aceleradamente y puede afectar a la sostenibilidad del sistema".
Los datos muestran que en un lustro las bajas aumentaron un 35%, hasta los 8,1 millones de procesos iniciados en 2023. Granado sostiene que estas cifras no se explican solo por motivos sanitarios pues, más allá de cuestiones como las listas de espera, la esperanza de vida ha aumentado y la mortalidad en la etapa laboral ha disminuido. Tampoco por la buena marcha del mercado de trabajo como argumento para afirmar que si hay más ocupados habrá más bajas.
El experto alude a la "cultura del abuso" en prestaciones sociales en España y señala que en ocasiones los propios empleadores "son corresponsables" de su mal uso para evitar litigios.
Con ese telón de fondo, Granado llama a impulsar reformas que contribuyan a que las personas en edad de trabajar sigan en activo y no busquen "sistemáticamente atajos" que les retiren del mercado laboral para que "las prestaciones complementarias no tengan indicadores de crecimiento más altos que las propias pensiones y los salarios".
Compaginar prestación y trabajo
Una de sus recetas para contener el gasto pasa por hacer compatible la incapacidad temporal con una jornada laboral parcial en algunas situaciones y momentos de la prestación. Indica, por ejemplo, que en algunas patologías de salud mental se recomienda la laborterapia. O que para personas afectadas por accidente de trabajo puede ser recomendable volver de forma paulatina a la actividad al final del proceso de rehabilitación.
Señala, en cualquier caso, que habría que legislar con ojo para evitar situaciones de picaresca, como buscar que la "incapacidad parcial para conseguir reducir jornadas demasiado agobiantes".
Penalizar la reincidencia
Otra de las recetas pasa por disminuir la cuantía de la prestación en aquellos casos en los que, sin existir una enfermedad crónica, se reincide en las bajas.
También plantea recargos en las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas que incluyan en convenio el compromiso de complementar hasta el 100% de las remuneraciones de los empleados en situación de incapacidad temporal por enfermedad común.
Bajas por salud mental
Y propone que las bajas vinculadas con la salud mental, que han ido en aumento, exijan después de un determinado periodo de tiempo que sea un médico especialista el que ratifique el estado en el que se encuentra la persona. "Son una de las formas de abuso de la prestación más frecuente", algo que achaca entre otras cuestiones a la formación que tienen los médicos de familia en salud mental.
