El Gobierno central vuelve a mover ficha para tratar de poner coto a la crisis habitacional que ha auspiciado subidas del alquiler de entre el 1,8 y el 7,7% anual en las urbes gallegas, situando la media mensual en 658 euros en A Coruña, la referencia más cara.
Tras la entrada en vigor en mayo de 2023 de la Ley de Vivienda que facultó a los ayuntamientos para declarar zonas tensionadas donde regular las rentas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pone el foco en los pisos turísticos y en los arrendamientos de temporada.
De un lado, el Ejecutivo proyecta una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para dar a las comunidades de vecinos la potestad de autorizar o vetar la habilitación de pisos vacacionales, de otro, tramitará un decreto por la vía de urgencia para regular los alquileres temporales a estudiantes, trabajadores o enfocados a dar cobertura a personas que, por ejemplo, acudan a conciertos, acontecimientos deportivos, culturales o a congresos.
"Pondremos de manifiesto cómo ha de acreditarse la causalidad", explicó este miércoles la ministra al término de la reunión del grupo de expertos conformado con otros ministerios, sindicatos, sector y patronal para pasar a la acción.
A mayores, los contratos de temporada —que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que cubren supuestos en los que un apartamento no se utilizan para satisfacer la necesidad permanente de un techo por parte del inquilino— se incluirán en la plataforma de registro único de alquileres de corta duración que, al amparo de la regulación europea, el ministerio prevé que esté operativa en 2025 y que también englobará la oferta vacacional, las habitaciones y las embarcaciones flotantes.
La intención es poner coto al aumento de los fraudes a través del uso de esta figura contractual para amparar, en realidad, un uso como vivienda vacacional o residencia habitual, cuya regulación viene marcada por la Ley de Vivienda.
Para evitar estas situaciones, se desarrollará el artículo 3 de la LAU, para detallar la causalidad ligada a los contratos por temporada.
"Nos parece correcto. Es apropiado, pues se estaba haciendo un mal uso del alquiler de temporada", señaló a AGN el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que recalca que esta figura debe ceñirse a cubrir las necesidades de los estudiantes durante el curso académico y de los trabajadores desplazados.
Con todo, el empresario ourensano percibe "un hándicap": falta concretar quién pondrá en marcha la plataforma única teniendo en cuenta que las competencias en materia de alojamiento son autonómicas. Este miércoles, la ministra indicó que la intención es establecer un sistema de "matrículas" que permita identificar el uso de cada propiedad y evitar que un mismo piso pueda ser explotado como alquiler temporal y turístico "al mismo tiempo". Se hará, dijo, en colaboración con municipios y autonomías.
La Fegein censura que el Gobierno se "enroque" en vetar los pisos turísticos
La patronal gallega es crítica con la decisión de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para poner trabas a los pisos turísticos. El objetivo del Gobierno es "empoderar a los vecinos para que puedan prohibir la implantación de estos alojamientos en sus fincas residenciales", señaló la ministra, que ha entablado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para asegurarse los apoyos necesarios para tramitar la reforma mediante decreto ley a finales del verano.
Cabe recordar que el Supremo ha dictado sentencias que avalan que los estatutos de una comunidad de propietarios impidan destinar los apartamentos a este tipo de actividad económica.
"Se enrocan en prohibir los pisos vacacionales en lugar de admitir que la Ley de Vivienda es una norma fallida y que ha surtido el efecto contrario, por lo que se debería corregir", remarcó el líder de la Fegein, que incide en que "mientras no haya seguridad jurídica", los propietarios no pondrán sus bienes en alquiler.
A su juicio, el Gobierno central se equivoca al actuar sobre los precios en lugar de movilizar la oferta y recuerda que en Galicia "hay 506.000 viviendas vacías", cuando, en cambio, el stock en alquiler está en mínimos. "Tenemos unos 2.300 pisos en el circuito de comercialización en arrendamiento. Jamás hubo tan pocos", concluye.
Abel Caballero rastrea las viviendas ilegales
En una jornada en la que el ministra de Vivienda animó a autonomías y ayuntamientos afectados por el fenómeno de los pisos turísticos a "regular" y "limitar" su expansión si "es necesario", emulando a Barcelona —que revocará las 10.101 licencias vacacionales activas de aquí a noviembre de 2028—, el alcalde de Vigo, Abel Caballero señaló que en la ciudad olívica "hay unas 1.800" inscritas en el registro autonómico.
El socialista señaló que el Concello trata de "localizar" las "ilegales" con el fin de "prohibirlas". Apostó por centrar los esfuerzos en "sacar al mercado" los 12.000 alojamientos deshabitados mediante ayudas a los propietarios para que hagan reparaciones o para que costeen un seguro que garantice el cobro de la renta.
Para poner coto a los pisos turísticos sin licencia, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó que se perseguirá la publicidad. Además, planteó desincentivar este mercado obligando a tributar por el Iva a los dueños de estos inmuebles, ahora exentos.
