En un plazo "dun ou dous meses", la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé disponer de su propio estudio relativo a los costes que entrañaría el rescate de la AP-9 por parte del Estado y su posterior traspaso a la Xunta. Lo anunció este domingo la conselleira, María Martínez Allegue, en una entrevista concedida a la Radio Galega en cuyo marco censuró "as disparidades" de criterios en el seno del Partido Socialista. "A situación semella dantesca", recriminó la pontevedresa.
Aludió así al choque entre la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, a asumir el coste de la operación y la posición del PSdeG, alineado en el Parlamento gallego con BNG y PPdeG al aprobar por unanimidad hasta cuatro propuestas de ley para reclamar al Estado la transferencia del principal eje vertebrador de la comunidad —un planteamiento que el Congreso ha aceptado debatir—, si bien es cierto que la formación que encabeza José Ramón Gómez Besteiro incide en que lograr la gratuidad debe ser la prioridad.
En este sentido, Allegue criticó que los socialistas se abstuviesen el día 13 cuando en el Congreso se aprobó por mayoría una moción del BNG, a la que el PP se sumó, para instar al Gobierno a tumbar la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048. A su juicio, este giro "carece de sentido".
Y después de que Óscar Puente cifrase en unos 4.000 millones la factura del rescate, a lo que habría que sumar, según sus cálculos, "entre 1.260 y 2.600 millones" para pasar la autopista a manos del Gobierno gallego, la conselleira exigió "seriedade, transparencia e obxectividade".
Como primer paso, Allegue demandó conocer "de onde saca os cálculos" el vallisoletano. Y en un ejercicio de anticipación, la Xunta se dispone a hacer los suyos propios. "Temos encargado un estudo cos datos que temos, aínda que non temos os que manexa o ministerio porque non existe a transparencia debida para determinar o custo da transferencia", indicó la titular de Infraestruturas, que advirtió que el equipo de Alfonso Rueda se mantendrá firme y seguirá reclamando la propiedad y gestión de la Autopista del Atlántico como en los últimos "14 anos".
La conselleira considera que "o enriquecemento" de Audasa es "excesivo"
Pese a contar con referencias "escasas", la conselleira alberga la convicción de que "o enriquecemento que está tendo Audasa é excesivo" y recuerda que así lo han constatado algunos "organismos".
Entre ellos está la Comisión Galega da Competencia, que en su Memoria de Actividades de 2021 concluyó que la compensación que en 2011 se aprobó abonar a Audasa por la ejecución de las obras de ampliación de capacidad en determinados tramos podría resultar "excesiva", de tal manera que la concesionaria estaría percibiendo un pago "muy superior al que abonaría por la financiación de esas mismas obras un operador de mercado". El pleno de la institución consideró que esa indemnización podría constituir "una ayuda de Estado" e instó a España a notificar a Bruselas.
Allegue, que prevé contar con el estudio de costes "nun ou dous meses", defiende que en base a ese documento la Xunta podrá contrastar "a fiabilidade das cifras" que plantea el ministro.
Pero también lanza un recado a PSdeG y BNG al recalcar que "os compromisos acadados en campaña ou que se asinan para permitir a investidura do que hoxe é presidente do Goberno deben esixirse". Al líder de los socialistas gallegos, al que ve en una posición "incómoda", le recuerda que durante la carrera electoral "prometeu", al igual que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, "a gratuidade da AP-9 e a AP-53".
Ayudas para que promotores y cooperativistas construyan vivienda protegida
Y en un escenario en el que el stock de vivienda nueva vacía toca fondo, Allegue avanzó que este lunes se publicará una línea de ayudas para que promotores y cooperativistas construyan pisos protegidos en régimen de alquiler. La meta del programa, cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta finales de octubre, es impulsar unos 350 inmuebles entre nueva construcción y rehabilitación.
