El PSOE de Compostela implosionó el lunes evidenciando una crisis larvada que se remonta a la proclamación el pasado octubre del ferrolano Aitor Bouza como secretario general de la agrupación compostelana después de que la formación se resquebrajase tras el fracaso en las municipales de mayo de 2023, en las que Xosé Sánchez Bugallo perdió la alcaldía en favor del BNG, lo que detonó su dimisión y marcha al Senado, a lo que siguió la renuncia de otro histórico como Xaquín Fernández Leiceaga.
Lo que algunas voces definen como "fisura total" se evidenció al lunes, cuando la ejecutiva de Bouza anunció que informaría a la dirección provincial socialista para que traslade o no a Ferraz la necesidad de adoptar medidas disciplinarias contra los seis ediles que rompieron la disciplina de voto marcada por la agrupación local al votar a favor de la ordenanza que regula la comunicación al Concello de las viviendas de uso turístico (VUT), impulsada por el Ejecutivo de la nacionalista Goretti Sanmartín, en lugar de abstenerse.
Con todo, fuentes de la formación apuntan que la división viene de atrás, concretamente, del nombramiento de Bouza a finales del año pasado por unos cauces que ven "fóra da dinámica" de la agrupación local, dado que el exsecretario general de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) carecía "de vinculación" con la organización compostelana.
Tampoco habría sentado bien la decisión de situar como secretaria de Organización a Laura Requejo, que actualmente es edil en el concello ourensano de Coles y que también procede de las XSG.
Aunque las fuentes consultadas inciden en que los estatutos federales, que indican que los representantes socialistas están sujetos a la "unidad de actuación y disciplina de voto", no deberían acarrear la expulsión de los ediles díscolos —ahí están ejemplos como los de Carmen Calvo con la ley trans o Javier Lambán con la ley de amnistía—, sino una sanción económica, lo cierto es que el último capítulo de la guerra interna hace que las consecuencias sean ahora menos fáciles de predecir.
El relevo del personal de confianza
En una nueva vuelta de tuerca, la ejecutiva de Bouza ha fijado un ultimátum de cinco días al portavoz del grupo municipal, Gonzalo Muíños, para formalizar el relevo del jefe de prensa, José Manuel Díaz Ferreira, que ya estaba en el cargo con Bugallo, y de la jefa de gabinete, la funcionaria de carrera con una dilatada experiencia en el Concello María del Carmen Lemos.
Su recambio serían Requejo y la exconcelleira vilalbesa Vanesa Siso, que entrarían como personal eventual.
Si Muíño —que junto a Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gumersinto Guinarte, Marta Abal y Marta Álvarez fueron los que desoyeron la indicación de abstenerse en la votación de la ordenanza de las VUT— no se aviene a la petición de la dirección compostelana se arriesgaría a la apertura de otro expediente disciplinario.
Y en este caso, las consecuencias podrían trascender la sanción económica para ir desde la suspensión hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad que se otorgue a la falta. "Esto vai subindo de nivel e non se sabe en que pode acabar", apuntan fuentes de la formación, que indican que esta crisis salpica a la dirección que a nivel autonómico controla José Ramón Gómez Besteiro, sumándose a los frentes abiertos en O Carballiño, Ourense y a la remodelación del gobierno local que recientemente impulsó Inés Rey.
Y todo indica que podrían no dar su brazo a torcer en este pulso. En declaraciones a AGN, Mercedes Rosón declinó confirmarlo o desmentirlo, aunque sí dejó claro que tanto Díaz Ferreira como Lemos cuentan con el apoyo el grupo municipal.
"En nome de todos podo dicir que as persoas que traballan connosco teñen absolutamente toda a nosa confianza. O grupo municipal socialista de Compostela non se compón só de concelleiros e concelleiras, somos un equipo unido e todos estamos no mesmo barco e temos un compromiso coa cidade", indicó la edil.
Rosón sostiene que los seis ediles seguirán "traballando con moitísima lealdade ao partido e á cidade"
Si el expediente se resolviese con la expulsión de los seis concelleiros, el PSOE podría quedarse sin representación en el consistorio, pues se da por sentado que los ediles no renunciarán a su acta y pasarán a integrar un grupo mixto. Sin entrar a confirmarlo, Rosón señalaba que los seis seguirán "traballando con moitísima lealdade e compromiso co partido e coa cidade para resolver os problemas da veciñanza de Compostela".
La socialista defiende, en todo momento, su actuación y la de los otros cinco ediles en el pleno del lunes. "Fixémolo por pura coherencia. Absternos porque non nos gustaban as formas tería o mesmo resultado que votar en contra", explicó, para luego recalcar que la medida impulsada por el Ejecutivo de Sanmartín es "unha consecuencia" de la modificación del PXOM que impulsó en el anterior mandato la administración de Bugallo, de la que ella formó parte, para ordenar y regular las VUT.
"A ordenanza que se sometía a votación era unha cuestión que estaba prevista no plan xeral e que ten que ver coa regulación dunha comunicación previa para que os propietarios que quixeran destinar ata 60 días ao ano as súas vivendas ao alugueiro turístico o puideran facer", incidió, tras lo que manifestó que no votar a favor "era algo incomprensible" que, a su juicio, la ciudadanía no entendería.
Bouza defiende que tocaba declarar Santiago zona tensionada
En cambio, Aitor Bouza explicó que la opción de dedicar al alquiler turístico durante 60 días una vivienda ya estaba contemplada en el PXOM y "en vigor" y que la pretensión de la ejecutiva local al instar a los ediles a abstenerse en la votación era tratar de forzar al ejecutivo de Sanmartín a que "incorporase cuestións máis importantes" a mayores de la ordenanza. En concreto, defendió declarar Santiago "zona tensionada" por los elevados precios del alquiler y actuar ante los inmuebles vacíos.
