Hacer de Galicia "unha terra máis atractiva para investir" dando cabida "aos proxectos que respecten escrupulosamente a lexislación ambiental". Es el objetivo con el que la Xunta pone en marcha la tramitación de la futura Lei de administración ambiental simplificada de Galicia, un texto que persigue actualizar el marco legal autonómico, que tiene ya 29 años, adaptándolo a las diferentes regulaciones que se han ido fraguando a nivel estatal y europeo.
En un escenario en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado al TJUE una consulta sobre la validez de los procesos de tramitación ambiental, al tiempo que ha decretado la suspensión cautelar de 49 parques eólicos, el Gobierno autonómico se dispone a reforzar "a seguridade xurídica" ante el riesgo de que las inversiones se vayan hacia otros territorios y también para dar cobertura a la labor de los funcionarios.
Además, la Consellería de Medio Ambiente mueve ficha ante la llamada de la UE a los países miembro a agilizar los trámites administrativos para cumplir con los objetivos de descarbonización y con la transición energética.
En este marco, el Consello da Xunta autorizó este lunes al departamento que dirige Ángeles Vázquez a abrir –a partir de este martes– un proceso de consulta pública previa antes de proceder a la elaboración del anteproyecto legislativo. Hasta el mes de septiembre, la ciudadanía podrá hacer las aportaciones que considere pertinentes a través de la web de Medio Ambiente de cara a la redacción del texto. La intención es articular la norma en el último trimestre del año.
La simplificación administrativa se procurará agilizando procedimientos de autorización, licencia y evaluación. Para ello, Medio Ambiente ve necesario "mellorar a coordinación" entre los organismos implicados, además de revisar los instrumentos de "prevención" y control ambiental –como la autorización ambiental integrada– para actualizar e incluso "eliminar os innecesarios".
A mayores, la norma aplicará el principio de que cada proyecto se someta a un único procedimiento ambiental de autorización o comunicación previa.
Con esta hoja de ruta, la idea es que los operadores que planteen algún tipo de iniciativa sepan desde el primer momento "cales son os pasos a seguir para que o proxecto sexa autorizado".
En rueda de prensa, la conselleira señaló que el nuevo marco autonómico contribuirá a "clarificar" el ordenamiento jurídico ambiental y ofrecerá "máis garantías" a los promotores a la vez que se prevendrán "conflitos xudiciais interpretativos" sobre la aplicación de las diferentes normas.
Incidió en que el marco legal actual se caracteriza por la dispersión normativa sobre evaluación e intervención ambiental, a lo que hay que sumar el hecho de que la Lei de Protección Ambiental de Galicia data de 1995.
Rueda incide en "facilitar a tramitación" sin mermar "as garantías de control"
"A convivencia de diferentes normativas xera incertezas e mesmo pode poñer en perigo proxectos que xa contaban con autorización", constató la política de Melide, que indicó que, mensualmente, su departamento tramita "unha media de 30 proxectos" ambientales.
Sin entrar en concreciones, señaló que con la nueva normativa "haberá redución de prazos" de tramitación.
Ante el frente judicial abierto en el TSXG, el presidente, Alfonso Rueda, constató que en manos de la Xunta está "facer normas que faciliten a tramitación e a redución da burocracia sen eliminar as garantías de control".
