El Tribunal Supremo ha tumbado el intento de la industria láctea de eliminar la obligación de pagar a las granjas precios que cubran los costes de producción de la leche, la piedra angular de la Ley de la cadena alimentaria.
La sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado el recurso que la patronal de las empresas de recogida y transformación, la Fenil, presentó contra el marco que regula las condiciones de los contratos en el sector lácteo al estar en contra de ese punto que prohíbe expresamente la compra a pérdidas. Alegaba que coartaba la libertad de las partes para fijar precios y que eso contravenía el derecho de la UE.
En cambio, el alto tribunal sostiene que no existe tal vulneración y que la medida es constitucional. Entre otros argumentos para echar por tierra el recurso, esgrime que la obligación de que el precio cubra el coste efectivo de producción "persigue un objetivo legítimo de evitar prácticas desleales en detrimento de la parte más débil de la cadena, los productores".
Los magistrados concluyen así que es una norma "adecuada" para fortalecer el poder de negociación de los ganaderos y "reequilibrar su posición en la cadena". Sostienen que, aunque "limita" la libertad de negociación del precio a las industrias, "no la elimina".
Unións Agrarias lo celebra
En su momento, Unións Agrarias-Upa presentó, sumando fuerzas con la Abogacía del Estado, un informe pericial ante el Supremo para frenar el intento de la Fenil de tumbar la que había sido una de las grandes reivindicaciones del sector productor para proteger la rentabilidad de las granjas, en una lucha a la que se sumaron Coag y la Unió de Pagesos de Catalunya.
La organización agraria celebra que la sentencia del alto tribunal dé "por bos" los argumentos que defendió hace algo más de un año y "desmantele o bochornoso intento da Fenil de "seguir impoñendo unilateralmente prezos" y "forzar ao sector produtor a asinar contratos de adhesión" sin tener en cuenta "nin os custos de produción nin a situación real do mercado".
Observatorio de costes
Con todo, Unións remarca que la vía judicial no puede ser la única con la que cuente el productor "para facer valor os seus dereitos", por lo que urge herramientas que garanticen que la ley se cumple "de maneira efectiva". Insiste en la necesidad de contar con un observatorio de costes que marque "liñas vermellas" y aporte datos objetivos y públicos que sirvan de referencia.
También insiste en pedir que se introduzca la figura del mediador para garantizar igualdad entre las partes en las negociaciones, siguiendo el ejemplo del sistema arbitral gratuito anunciado por el Gobierno para resolver conflictos entre consumidores y empresas.
