El sector pesquero intentó que el Tribunal Supremo dejase en papel mojado el decreto por el que el Gobierno estableció, a finales de febrero de 2023, las zonas aptas para la implantación de parques eólicos marinos al ver afectados caladeros relevantes para la flota, pero no lo ha conseguido.
El alto tribunal ha desestimado el recurso que presentó la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos contra el marco que desarrolla los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (Poem), que identificó cinco áreas con potencial para instalar aerogeneradores marinos en Galicia, ubicadas fundamentalmente en la zona de Ortegal, frente a la costa sur de Pontevedra y en A Mariña.
A grandes rasgos, la sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo en cuenta el posible impacto sobre la actividad pesquera. Los magistrados rechazan "los reproches de arbitrariedad y desviación de poder" en la elaboración de ese ordenamiento formulados por la plataforma demandante, que alegaba que la eólica marina salía favorecida en detrimento de la pesca.
La sentencia señala que "no puede sostenerse" que el Gobierno, al seleccionar unas zonas en las que "ubicar preferentemente" los molinos de viento para "evitar su dispersión desordenada" por el medio marino "haya olvidado la presencia de la actividad pesquera ni su interacción con la eólica".
Incidiendo en esa postura, afirma que los planes recurridos han tomado en consideración "una copiosa información técnica y científica" relativa a la actividad pesquera que, remarca, "no ha sido en ningún momento fundadamente rebatida" por la plataforma.
Al respecto, recuerda que el departamento que pilota Teresa Ribera modificó la superficie de los polígonos para la eólica marina respecto al borrador que sacó a información pública en 2021 "reduciendo su potencial impacto sobre la pesca", y tomó la decisión de no desplegar aerogeneradores en las zonas de uso prioritario (ZUP), como inicialmente se proyecto, sino en las de alto potencial (ZAP). En total se identificaron 19 polígonos, que suman una superficie de 4.989 kilómetros cuadrados. El litoral gallego, un bocado apetecible para los potenciales promotores por las horas de viento, copa el 47,7% de esa extensión.
El Supremo esgrime, además, que las decisiones del ministerio "parten de un complejo proceso de consulta y negociación entre los distintos sectores afectados", y que se tomaron "razonadamente".
Señala que la posible "interacción o solape" que pueda darse entre la eólica y la pesca "deberá resolverse al tiempo de la autorización de los correspondientes proyectos, conforme a su legislación sectorial y ambiental". El Gobierno tiene pendiente cerrar el marco normativo que regulará la producción de energía a partir de aerogeneradores en el mar, que define el proceso de autorización de las instalaciones y los criterios que se podrán aplicar para la adjudicación de potencia a través de las subastas que se convoquen.
La flota sopesa ir al Tribunal Constitucional
Integrada por pescadores del Cantábrico, Andalucía y Canarias, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos no piensa tirar la toalla tras desestimar el Supremo su recurso contra el decreto que desarrolló los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (Poem) para el despegue de la eólica marina. Sopesará impugnar su sentencia ante el Tribunal Constitucional al considerar que parte de un "grave defecto".
El colectivo alega que el hecho de que el Supremo "no haya admitido que se aporten como prueba" informes del Instituto Español de Oceanografía y del Ministerio de Pesca sobre el impacto de la eólica marina en los caladeros supone un "defecto" en la resolución del alto tribunal y genera "indefensión jurídica" a la plataforma.
Los integrantes se reunirán el próximo lunes en Burela, en la sede de la cofradía de pescadores, para valorar la sentencia del Supremo y abordar los posibles pasos a seguir.
