Tras anunciar el encargo del estudio en junio, la Consellería de Planificación de Infraestruturas presentó este jueves los resultados del informe encomendado a la consultora madrileña Eptisa para poner cifras al coste de la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta y también al rescate del vial por parte del Estado, anulando la concesión a Audasa, vigente hasta 2048.
Acompañada del director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez Iglesias, y del jefe del proyecto de Eptisa, Marcos Maderuelo Álvarez, la conselleira María Martínez Allegue cifró en 526,52 millones el coste que acarrearía el traspaso de la titularidad del vial del Estado al Gobierno gallego.
¿De dónde sale esa cifra? Se corresponde con el desembolso extra derivado de ampliar los descuentos para usuarios recurrentes, vehículos pesados, familias numerosas y usuarios nocturnos hasta 2048 en los términos pactados por los grupos políticos en la Cámara gallega, un acuerdo con el que también se reclaman los fondos necesarios para poder eliminar el incremento del 1% anual en los peajes impuesto por 20 años, hasta 2038, para cubrir la inversión que Audasa realizó para ampliar Rande y la circunvalación de Santiago.
La Xunta no computa como parte del coste los 1.149,3 millones que supone mantener durante 24 años las bonificaciones vigentes —desplegadas desde 2021— al entender que si el traspaso no llegase a acometerse el Estado ya tendría que afrontar ese desembolso.
De prosperar esta primera vía, la de la transferencia del vial a Galicia, cualquier subvención que la consellería quisiera otorgar a mayores o un rescate futuro correrían por cuenta del Gobierno gallego.
Es el escenario que prevé la proposición de ley que PPdeG, BNG y PSdeG pactaron en O Hórreo y que el Congreso aprobó tramitar en junio. "Somos claros, o que está demandando o Executivo galego é a transferencia e así o aprobamos por unanimidade no Parlamento de tódolos grupos políticos", explicó la conselleira, que añadió que el estudio del coste del rescate se realizó a la vista de que durante la campaña de las autonómicas PSdeG y BNG "comprometeron a gratuidade" y también ante "as cifras" que blandió el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que la Xunta ha pedido una reunión.
"Nós somos claros, o Executivo galego o que está demandando é a transferencia e así o aprobamos por unanimidade no Parlamento galego de tódolos grupos políticos", señala la conselleira
En junio, el vallisoletano situó en entre 1.260 y 2.600 millones la transferencia a la Xunta de las competencias sobre el vial que vertebra Galicia desde Ferrol hasta Tui, en tanto que elevó a 4.000 millones el rescate de la concesión a Audasa. El ministro dejó claro que no está por la labor de desembolsar hasta 6.600 millones.
El rescate, necesario si se quiere implantar la gratuidad
¿A cuánto ascendería la factura de la reversión de la concesión según el informe encargado por la Xunta? La consultora calcula que costaría entre 1.612,4 y 2.355,5 millones y la conselleira incide en que esta medida sería "necesaria" si se quiere instaurar la gratuidad, siguiendo "o compromiso do PSdeG e o BNG". Sumando la máxima cuantía del rescate al coste estimado de la transferencia a Galicia, el esfuerzo del Estado sería de un tope de 2.882 millones, según la Xunta, la mitad de lo que barajó Puente.
Según detalló Menéndez, la eliminación de las 21 áreas de peajes, más la asunción de los costes de conservación ordinaria y explotación y los derivados de las reposiciones de firme extraordinarias arrojan un coste acumulado hasta 2048 de 430,15 millones.
En cuanto a la indemnización que el Estado tendría que pagar a Audasa, oscilaría entre los 2.331,6 y los 3.074,6 millones. La compensación incluiría tres conceptos. De un lado, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del valor no amortizado de la infraestructura, que se cifra en 936,8 millones, siguiendo lo que recogen las cuentas anuales de la filial de Itínere.
En segundo lugar estaría el resarcimiento por daños y perjuicios, que el estudio no ve relevante.
La tercera pata sería la más costosa: la indemnización por lucro cesante, que la consultora ha estimado a partir de los resultados de explotación de Audasa del último quinquenio, incluyendo 2020, cuando las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia redujeron un 16,6% la facturación de la concesionaria. Con un resultado de explotación promedio de 90,4 millones y 24,65 años de concesión restantes, la compañía dejaría de ingresar entre 2.137,8 y 1.394,8 millones con la pérdida del contrato de explotación, según se aplique o no una tasa de descuento del 3,8% con el fin de reflejar la depreciación del valor del dinero en el tiempo.
Esta horquilla explica que el coste total de la reversión de la adjudicación oscile entre los 1.612,4 y los 2.355,5 millones, aplicando o no la tasa de descuento. Estos montos incluyen los 430,15 millones que el Estado tendría que abonar a la Xunta para eliminar los peajes y correr con los gastos de mantenimiento y reposición del firme hasta 2048, en tanto que se restan los 1.149,3 millones que la Administración central dejaría de tener que abonar en concepto de bonificaciones a los usuarios.
La pelota está encima del tejado del ministro
Además de recordar que el traspaso se reclamó "en catro ocasión" en el Congreso, Martínez Allegue incidió en que la Xunta lleva desde 2009 reclamando la transferencia de la titularidad de la AP-9, una arteria en torno a la que reside "máis do 60% da poboación" y sobre la que "pivota" la red de vías autonómicas de altas prestaciones. La Xunta defiende que podrá desplegar una gestión "máis achegada ao territorio" y dar una respuesta "máis axil e axeitada" a las necesidades de los usuarios.
En su comparecencia, la pontevedresa recalcó que el estudio surge como respuesta "ao baile de cifras" que blandió el ministro Puente y defendió que el informe se encargó a una consultora "experta e independente", que analizó "todos os escenarios posibles".
Ante la "calada por resposta" del ministerio, la conselleira advirtió que la Xunta exigirá "o cumprimento dos compromisos acadados", y recordó que socialistas y nacionalistas "prometeron" en la carrera a las autonómicas la gratuidad de la AP-9 y de la AP-53 en el tramo Santiago-Lalín.
Allegue, que trasladará el estudio al ministerio, confía en obtener "algunha resposta" de Puente, aunque señaló que sigue a la espera de una cita con el ministro tras solicitarle una reunión para abordar el traspaso y la situación de la red de carreteras de titularidad estatal.
El Bloque reclama conocer el estudio
El BNG pidió este jueves el envío al Parlamento del informe encargado a Eptisa al ver "estraño o baile de cifras" en relación a las estimaciones "absolutamente desproporcionadas e faltas de rigor del Gobierno de Rajoy" —que cifró la operación en hasta 4.570 millones — y del Ejecutivo de Sánchez.
A nivel local, los alcaldes de concellos como Betanzos, Abegondo o Fene, por los que discurre la AP-9, defienden crear un frente municipal para lograr una nueva rebaja de los peajes.
